PRIMUS INTERPARES
(19.6.06)
Por Wilson Tapia Villalobos
Para nadie es misterio que las relaciones de Chile con sus vecinos más cercanos no han sido fáciles. Los gobiernos de la Concertación mejoraron ostensiblemente los vínculos con Argentina. No ha ocurrido lo mismo con Perú y Bolivia. Con el resto del continente pareciera que hay más recelo que aceptación. Reconocimiento a logros alcanzados en el ordenamiento macroeconómico, sí. Al esfuerzo por hacer más eficiente su institucionalidad. Pero eso no se ha traducido en liderazgo. Es lo que ahora se busca.
En estos días, el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, así lo dio a entender. Obviamente, en ese lenguaje críptico que caracteriza a la diplomacia y, especialmente, a los reyes del eufemismo, que somos los chilenos. El tema nunca ha estado completamente ausente. Pero había otras prioridades. Sin embargo, bastó que cinco parlamentarios viajaran a Bolivia para que la cancillería fijara sus puntos de vista y la derecha aprovechara de echarle leña al fuego del nacionalismo. El calificativo menos severo que recibieron los senadores Alejandro Navarro (PS), Nelson Ávila (PRSD), y los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS), Alejandro Sule (PRSD) y René Alinco (PPD), fue IRRESPONSABLES. Como si constituyera un delito ir a un país vecino y, a título personal, suscribir una declaración que no compromete a nadie más que a ellos. Claro, la declaración dice que apoyan una solución urgente para los problemas entre Bolivia y Chile. Y EL problema es la salida al mar para el primero, por el extremos norte del segundo.
Es cierto que las relaciones exteriores son un resorte privativo de la Presidenta de la República. Pero los ciudadanos del país tienen derecho a contar con opiniones propias, aunque sean parlamentarios. Hoy, el entendimiento entre naciones no se teje desde los palacios de gobierno solamente. También se involucran otras instituciones. Es cuestión de mirar hacia el Norte, a Europa o Asia. Se verá que allí, junto al poder ejecutivo o por separado, los parlamentarios, los dirigentes gremiales y los empresarios, entre otros actores sociales, juegan un rol trascendente en el entendimiento entre las naciones. Por supuesto que en aquellas latitudes, cada sociedad tiene su proyecto de país bien definido. No se hace cada cuatro o seis años.
En los próximos meses Chile deberá adoptar decisiones que marcarán su inserción en América latina. Uno de los primeros desafíos es la ratificación del Tribunal Penal Internacional (TPI). La Moneda ha dicho que será aprobado, pese al rechazo estadounidense. Washington anunció sanciones para quienes le den el sí al TPI. La posibilidad, sólo la posibilidad, ya inquietó a la Armada nacional, que de ser sancionado Chile se vería complicada para contar con repuestos para sus artilugios bélicos. Pero Foxley sentenció que es impresentable que Estados Unidos castigue a “uno de los países más amigo suyo en la región”. La cita es textual y sirve de entrada para otro tema.
Recientemente, la presidenta Bachelet estuvo en Washington. Los tópicos tratados en la reunión con el presidente George Bush no se conocen. Es parte del sigilo -incompresible para mí- conque se manejan los temas de política exterior aquí. Me dirán que éstos son sensibles y que no pueden ventilarse públicamente. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son los puntos a tratar cuando está en juego su destino. Y eso es especialmente válido cuando se habla con la potencia más cuestionada del mundo. Entre otras cosas, porque cualquier decisión puede involucrarnos hasta en alguna guerra futura, represalias terroristas incluidas. Pero no, en Chile se impone el peligroso misterio. Tenemos que conformarnos con que somos “uno de los países más amigos” de USA. No sé sí más o menos que Colombia.
Cualquiera sea la ubicación en el ranking, lo cierto es que esa amistad será puesta a prueba no sólo por TPI. Tal vez la aprobación chilena sea compensada en el voto para designar al nuevo representante latinoamericano no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venezuela ha planteado su candidatura, que cuenta con considerable respaldo entre los países de la región. Estados Unidos, por su parte, apoya a Guatemala. La jugada de Washington es bastante obvia. A través de una nación centroamericana, trata de contrarrestar el peso que Venezuela tiene en esa parte del continente. Todo sea por frenar al presidente Hugo Chávez y su vocinglera revolución bolivariana.
En el gobierno de Ricardo Lagos, se hizo evidente la antipatía entre éste y Chávez. Incluso, uno de los bochornos internacionales de Chile en esa administración fue el respaldo de Santiago al gobierno que derrocó al presidente democrático de Venezuela -Hugo Chávez- por 48 horas. Pasado ese lapso, La Moneda tuvo que deshacerse en excusas, sacrificando al embajador chileno de la época en Caracas. Pese a todo, luego Venezuela apoyó la designación de José Miguel Insulza como Secretario General de La Organización de Estados Americanos. Un respaldo que, se suponía, tendría sería devuelto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, tras lo dicho por Foxley, aquello no ocurrirá. Aparentemente, la administración Bachelet está decidida a tomar el lugar que, supone, le correspondería como líder latinoamericano. La oportunidad para lograr tal objetivo la aporta el pobre desempeño que han tenido las diversas iniciativas integracionistas. La Comunidad Andina de Naciones, agoniza; el MERCOSUR, parece ser historia, y la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), hasta ahora es más una intención que una realidad. Esta última iniciativa concita el repudio de Estados Unidos y levanta suspicacias en la epidermis de los actores políticos tradicionales latinoamericanos, que son mayoría ejerciendo el poder.
Chile dice buscar una alternativa menos urticante. Ya Foxley deslizó que planteará una candidatura diferente a la de Venezuela para el Consejo de Seguridad. Y la justificación es que no desea polarizaciones. No se requiere una sagacidad extrema para ver en esta actitud una compensación, al menos. Tal vez no sanciones por la aprobación del TPI, a cambio de hacer el trabajo sucio contra Venezuela. No sería algo novedoso en extremo. Durante la administración Lagos, a la digna oposición a integrarse en la fuerza multinacional que invadiría Irak, le siguió el envío de tropas chilenas a Haití. Allí fueron a apoyar el derrocamiento de Jean Bertand Aristide, un presidente electo democráticamente. La asonada fue decisión de Estados Unidos, con el entusiasta apoyo de Francia.
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