DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

(27.4.06)
Por Wilson Tapia Villalobos

La rutilante democracia chilena de pronto cae en la opacidad. Muestra defectos de la nación subdesarrollada en que se encuentra. No todas las instituciones funcionan y las que parecen funcionar, demasiado a menudo arrojan sorpresas como para teñir de rubor las mejillas. Tal vez -sólo tal vez- una que otra autoridad bajará sus grados de soberbia. Pensará dos veces antes de ufanarse de nuestro nivel de desarrollo democrático.

Ahora es el Servicio Médico Legal (SML). Y nuevamente son familiares de detenidos desaparecidos los que tienen que soportar dolor, impotencia, rabia. Cómo no comprender a quienes sienten tales sensaciones. Cómo no acompañarlos en el trance dramático de revivir la historia siniestra de la que creían había llegado a un final. Son 48 cadáveres los que se identificaron erróneamente. Y al pesar que puede provocar una equivocación, ahora se ha unido una lacerante duda: ¿Hubo sólo ineficiencia en la tardanza de la información?

Ya el aparato estatal se prepara para buscar responsables y definir culpables, si los hay. Está bien. Es lo que corresponde. El Poder Judicial se halla involucrado en una doble condición. Como el encargado de determinar quien urdió esta horrible trama y, también, como la mano ejecutora que no trabajó con la prolijidad que se requería. El Poder Legislativo se abocará a encontrar responsabilidades políticas. Acerca de eso, todos los sectores han hecho declaraciones rimbombantes. Desde el Partido Socialista (PS) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI). Concertación y oposición están en completo acuerdo. Y el Partido Comunista ha dado un paso más, pidiendo un ministro en visita.

Pese al drama, la reacción parece ser políticamente correcta. Sin embargo, creo que es bueno hacerse algunas preguntas. La primera y más obvia ¿Por qué se conoce esto sólo ahora? La abogada Pamela Pereira, socialista, hija de padre detenido desaparecido, ha lanzado un manto de dudas. Si sus palabras son ciertas -y hasta ahora nadie las ha desmentido-, la administración anterior conocía lo que ocurrió al menos desde mediados del año 2005. Incluso, ha revelado una conversación que habría sostenido con el Presidente Ricardo Lagos. En esa oportunidad, afirma que le expuso sus dudas acerca del trabajo del Servicio Médico Legal. Lagos se mostró muy impactado. Las mismas certezas que Pamela Pereira dio a conocer al Presidente, las había entregado antes a la Corte Suprema de Justicia.

Curioso lo que ocurrió después. Los principales responsables de lo que pasaba siguieron en sus puestos. El Ministro de Justicia, Luis Bates, y el Director del SML, Óscar Vargas, no fueron removidos. El primero terminó sus funciones con el fin del período de Lagos y Vargas aún mantiene su cargo. Curioso. Pero no es lo único que llama la atención. ¿Por qué la denuncia no fue hecha, con la fuerza de hoy, en el mismo momento en que se tuvieron los primeros indicios? Estaba el informe de la Universidad de Glasgow. Y Pamela Pereira agrega que había otra serie de antecedentes. ¿Por qué ella no expuso los hechos ante la opinión pública? Seguro que en ese momento habría tenido una cobertura abrumadora de la prensa chilena, mayoritariamente en manos conservadoras. Estábamos en época electoral. El caso era un bocado apetitoso para fauces electoreras. ¿Pamela Pereira privilegió no dañar la posibilidad de que otro camarada de su Partido siguiera encabezando el Gobierno?

Y es aquí donde se enmaraña todo. Los ex ministros de Justicia Francisco Cumplido, Soledad Alvear y José Antonio Gómez, han salido también a este baile de culpabilidades. Alvear y Gómez, hoy ambos senadores, deslindaron responsabilidades. Afirman que hicieron todo lo posible, de acuerdo a los medios con que contaban, por avanzar en este penoso tema. Y no hay por qué no creerles. El problema es que en el terreno de los derechos humanos, ya el ex presidente Patricio Aylwin delimitó el accionar en una frase que hace recordar las palabras de los ex ministros. Dijo que en cuanto a las atrocidades cometidas por la dictadura, se aplicaría justicia “en la medida de lo posible”. Parece que seguimos así. Claro, ahora la medida posible no es la amenaza castrense -espero-, sino limitaciones humanas y tecnológicas.

Los próximos días estarán marcados por las voces políticas altisonantes. La derecha hará méritos democráticos condenando un accionar que fue provocado por los crímenes que se negó a reconocer y rechazar en el pasado. Los parlamentarios de la Concertación intentarán -con valiosas excepciones- mostrar por el caso un interés que en otros momentos no han tenido. En fin, los fuegos de artificio de nuevo estallarán en el Congreso y en la sede de los partidos políticos. La esperanza estará centrada, sin embargo, en el Ejecutivo. Hasta ahora, la presidenta Bachelet ha dado demostraciones de querer cumplir lo que promete. No hay razones para pensar que La Moneda, como dijo el ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, vaya a intentar quitarle el cuerpo al bulto.

En situaciones como ésta se encuentra en juego la fortaleza de la democracia chilena. Aquí es donde se debe demostrar si nos acercamos o no al fin de la transición. Es una medida concreta, no el deseo ególatra de alguna autoridad.